Discurso completo de Martín Guzmán

25 de junio de 2025

Traducción tal como fue pronunciado en inglés

Estimados miembros del Secretariado del Club de París:

Gracias por la invitación a presentar algunos de los hallazgos y conclusiones clave del Reporte del Jubileo, comisionado por el Papa Francisco y preparado por una Comisión de más de 30 economistas y expertos jurídicos, presidida por el profesor Joseph Stiglitz y por mí, ambos miembros de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y profesores de la Universidad de Columbia. El Reporte fue lanzado el viernes pasado en el Vaticano, y el trabajo sigue ahora bajo el Papado de León XIV.

Comenzaré por describir qué motivó la preparación de este Reporte. Desde la pandemia de Covid-19, y especialmente desde la guerra en Ucrania, el Papa Francisco mostró una preocupación cada vez mayor por el aumento de la vulnerabilidad en las comunidades más frágiles, una problemática que recibía de diferentes partes del mundo en desarrollo. Lejos de aliviarse, esta situación parecía agravarse en 2023 y 2024. Alarmado por esta tendencia, y considerando que este año es un Jubileo para la Iglesia, el Papa Francisco nos invitó a conformar una Comisión de expertos para elaborar un Reporte que proporcionara tanto un diagnóstico de la situación como un camino práctico para su solución —y para proponer reformas que eviten que otra crisis de deuda afecte a los países más vulnerables para el próximo Jubileo.

La primera conclusión del Reporte es que existe una fuerte crisis de deuda y desarrollo que afecta a docenas de países en vías de desarrollo. En la última década, la carga promedio de intereses en estos países casi se duplicó. Esta presión sobre las finanzas públicas desvió recursos críticos que deberían haberse destinado a la salud, la educación, la infraestructura y la adaptación al clima. En términos puramente económicos, el costo de oportunidad es enorme; en términos humanos y sociales, es dramático.

Todos los actores tienen responsabilidad en la situación actual. Los gobiernos deudores tomaron deuda a tasas demasiado altas y con vencimientos demasiado cortos, no adoptaron regulaciones para frenar flujos especulativos desestabilizadores y, actualmente, muchos evitan dar las “peleas” internacionales para defender a su población frente a demandas excesivas de los acreedores. Por su lado, los acreedores prestaron fondos conociendo el significativo riesgo de incumplimiento, recibieron tasas de interés altas para compensarlo y, ahora que esos riesgos se han materializado, son reacios a brindar el alivio requerido para restablecer la sostenibilidad de la deuda. Mientras tanto, las actuales políticas de préstamo de las instituciones financieras internacionales (IFI) contribuyen a postergar negociaciones sostenibles para ambas partes.

La Comisión identifica que las causas y los costos de las demoras en responder a la crisis. El Marco Común para el Tratamiento de Deuda, establecido durante la pandemia de Covid-19 por el G-20, resultó útil para facilitar la coordinación con acreedores no miembros del Club de París en las negociaciones, aun cuando se limita a países de bajo ingreso. No obstante, este mecanismo no creó los incentivos necesarios para lograr reestructuraciones a tiempo ni otros arreglos para restablecer la sostenibilidad de la deuda. De hecho, desde 2022 —año en que los flujos del sector privado hacia países de ingresos bajos y medio-bajos se tornaron negativos— hemos visto que, mientras las IFI seguían brindando financiamiento neto positivo, estos fondos terminaban destinándose, de facto, al pago al sector privado internacional de deudas en situación de estrés. Esto resulta en un rescate implícito de acreedores privados financiado por contribuyentes globales, mientras los países afectados recortan gastos críticos.

Si bien sería deseable expandir el Marco Común para abarcar a los países de ingresos medios, lo que realmente se necesita es mejorar los procesos de reestructuración de deuda. En algunos casos, la ampliación de plazos y la reducción de tasas de interés a niveles sostenibles pueden asegurar la sostenibilidad. En otros, serán necesarios recortes al valor nominal de la deuda para ello.

Si bien al primer grupo —con stocks de deuda relativamente bajos— se los denomina países “ilíquidos” y al segundo “insolventes”, el Reporte trata con cuidado el concepto de liquidez, presente en el título de este panel, y su relación con la crisis actual. Es difícil distinguir entre un problema de liquidez y uno de sostenibilidad: ¿por qué un país no podría refinanciarse si estuviera firmemente percibido por el mercado como solvente? Aun aceptando el concepto de “crisis de liquidez” para ciertos casos, no hay que perder de vista que estos países enfrentan, en realidad, una crisis de desarrollo. Debemos tener cuidado de no minimizar la profundidad de esta situación para los países en vías de desarrollo ni contribuir a demorar su resolución al referirnos a ella simplemente como “desafíos de liquidez”.

Para responder a la crisis actual, es imperativo cambiar los incentivos tanto para acreedores como para deudores. La Comisión plantea la necesidad de una condición de “no salvataje por parte de las IFI” —especialmente para el FMI—, de modo que si un país no suspende pagos de deuda insostenible, el FMI no debería prestarle fondos, y de hecho no violar así sus propias normas, que prohíben financiar deuda que no es sostenible.

En lugar de ello, el FMI debería señalar claramente que solo apoyará programas de país en los que todos los acreedores asuman su responsabilidad a través de reestructuraciones que respeten la regla de la “comparabilidad de trato”. Esto debería garantizar el estatus de acreedor preferente para las instituciones multilaterales que no prestan con fines de lucro, y diferenciar correctamente entre deudas en moneda local y en moneda extranjera, dado que tienen implicancias muy diferentes.

Este giro incentivaría la participación efectiva de acreedores en los procesos de reestructuración y motivaría a los gobiernos a iniciarlos oportunamente. El uso de la “políticas de préstamos en mora” de modo bien diseñado puede apoyar este objetivo.

Un Fondo del Jubileo para la recompra de deuda en situación de estrés —financiado con los actuales Derechos Especiales de Giro no utilizados en el FMI u otras IFI, como propuso el gobierno de España durante los debates para la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo— también contribuiría a mejorar la sostenibilidad de la deuda.

El Reforme además plantea una serie de reformas para mejorar la eficiencia, la transparencia y la equidad del sistema financiero internacional, y, de manera más amplia, la sostenibilidad del crédito. La transparencia es un reto tanto para acreedores como para deudores, y puede fortalecerse mediante la adopción de leyes específicas tanto en países deudores como en jurisdicciones acreedoras.

En la década de 1980, América Latina perdió trágicamente una década de desarrollo a causa de una crisis de deuda. Hoy, ese mismo riesgo amenaza a gran parte de África, el sur de Asia y América Latina. El Reporte del Jubileo, respaldado también por el Gran Imán de Al Azhar, ofrece las bases para el llamado que está haciendo la Iglesia a todos los actores involucrados a reconocer la urgencia económica y moral que enfrentamos, y a responder con la voluntad de actuar.

Gracias por su atención.

Martín Guzmán