Inflación subiendo por el ascensor y salarios caminando por la escalera se combinan para generar un escenario de recesión con una profundidad y velocidad que no tiene comparación a otros eventos recientes. El mercado se acerca a convalidar el escenario de ancla cambiaria e inflación a la baja, sin internalizar los impactos en regulados y estacionales en febrero y marzo.
El desplome de los ingresos reales hizo que la actividad económica registre una caída de enormes proporciones entre diciembre y enero. Frente a la derrota legislativa en el tratamiento de la Ley Ómnibus el Gobierno aceleró las medidas fiscales, particularmente en el plano tarifario. Los aumentos le ponen un piso muy elevado a la inflación, mientras el Gobierno abre el dialogo con los sindicatos.
El Directorio del FMI aprobó la séptima revisión y liberó desembolsos, en un contexto donde el torniquete al pago de importaciones le permitió al BCRA acumular reservas internacionales desde diciembre. Las tasas negativas ayudan a las licitaciones del Tesoro y la brecha a las del BOPREAL, mientras la FED se pone más hawkish en su política de tasas.
En medio de un clima de tensión política, el equipo económico encadena una serie de resultados en el frente financiero. La suba de la brecha cambiaria permitió una importante licitación de BOPREAL y la autoridad monetaria anunció el acceso al MULC para MiPyMEs. La actividad muestra el inicio de un enfriamiento, y el cierre fiscal de 2023 registra desvíos de las metas del programa con el FMI.presiona sobre el poder de compra y adelanta una merma en el consumo con incertidumbre desde el plano social para completar la séptima revisión del programa de Facilidades Extendidas no trajo aparejado financiamiento neto y revisó las metas del acuerdo original de 2022, siendo las nuevas metas muy restrictivas.
Los mercados financieros se despiertan y comienzan las tensiones en la brecha cambiaria. El fogonazo inflacionario tuvo un impacto más fuerte en transables (lo que se importa y/o exporta), lo que incidió en mayoristas y en las líneas de pobreza e indigencia. La caída de ingresos reales.
presiona sobre el poder de compra y adelanta una merma en el consumo con incertidumbre desde
el plano social.para completar la séptima revisión del programa de Facilidades Extendidas no trajo aparejado financiamiento
neto y revisó las metas del acuerdo original de 2022, siendo las nuevas metas muy restrictivas.
El fogonazo inflacionario llevó los precios de diciembre a un territorio desconocido, aunque aún acotado gracias al “rezago” de los servicios. Los salarios venían en caída antes del cimbronazo y el empleo registrado marcaba sus primeras bajas, augurando fuertes tensiones en el plano social. El acuerdo con el staff del FMI
para completar la séptima revisión del programa de Facilidades Extendidas no trajo aparejado financiamiento
neto y revisó las metas del acuerdo original de 2022, siendo las nuevas metas muy restrictivas.
El BCRA proyecta sus políticas anunciando un “ancla” en el tipo de cambio, pero el mercado no le cree. La brecha se despierta en un contexto donde se pone a prueba en la justicia la viabilidad de las reformas planteadas por el Gobierno y el bono a importadores no convence. La recaudación de diciembre muestra señales de un fuerte enfriamiento.
El Gobierno busca la iniciativa en el espacio legislativo con un polémico proyecto de ley ómnibus. Con las miradas públicas puestas en el contenido de la norma, la conflictividad social incrementa la incertidumbre en un contexto de fuerte aceleración de precios. En este clima se avanza, con resultados dispares, en la estrategia financiera sobre los pasivos del BCRA.
El gobierno pateó el tablero e impulsó un decreto que modifica sustancialmente el marco normativo que rige, entre otras, diferentes dimensiones de las relaciones económicas de la sociedad. La jugada, de alto riesgo político, corre el riesgo de amplificar la incertidumbre en el marco de una delicada situación económica luego del salto cambiario.
En la semana previa al traspaso de mando los mercados marcan la expectativa de un salto cambiario al inicio de la gestión. Los indicadores de actividad reflejan los efectos de la aceleración de precios y el impacto sobre el poder de compra, con un mercado de trabajo que dejó de generar empleo asalariado formal privado desde el mes de septiembre.