PUBLICADO EL 20 DE JUNIO DE 2025 POR LA PONTIFICIA ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES (PASS) Y LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA IPD.

El Reporte fue encargado por el Papa Francisco a Joseph Stiglitz y Martín Guzmán, quienes junto a 30 expertos del mundo desarrollaron un trabajo que contiene un diagnóstico y propuestas para reformar la arquitectura financiera internacional.

1. Introducción

Muchos países del mundo de ingresos medios y bajos enfrentan graves crisis de deuda y desarrollo. Una crisis de deuda no debe definirse estrechamente como el incumplimiento legal o financiero de las obligaciones con los acreedores. Para muchos países, el verdadero incumplimiento no es legal ni financiero, sino social y en materia de desarrollo: están incumpliendo con su gente, el medio ambiente y su futuro. Los compromisos históricos asumidos en 2015 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), solemnemente adoptados por la Asamblea General de la ONU, están siendo anulados. En el contexto geopolítico actual, muchos gobiernos los están abandonando en la práctica, y algunos incluso en el plano de  los principios.

Para cumplir con sus obligaciones frente a acreedores externos, los países sobreendeudados están sacrificando inversiones en educación, salud, infraestructura y resiliencia climática. Aspectos clave de la soberanía se ponen en cuestionamiento mientras que  la política económica se subordina al servicio de los acreedores en lugar de servir a la ciudadanía. La política nacional se deslegitima cuando las decisiones fiscales y financieras responden al sistema financiero global más que al desarrollo.

Las crisis de deuda no resueltas tienen consecuencias negativas tanto a corto como a largo plazo para el desarrollo humano. En contextos de incertidumbre prolongada, la demanda agregada y la actividad económica tienden a caer, lo que conlleva aumentos en la pobreza, malnutrición y exclusión laboral. Las familias más vulnerables se ven más expuestas al derrumbe, y la desesperanza se propaga por las comunidades. El capital humano y físico se deteriora, socavando las perspectivas de desarrollo a largo plazo y profundizando fracturas sociales.

La responsabilidad de la situación actual de la deuda es compartida: los gobiernos deudores que contrajeron deuda en exceso —frecuentemente a tasas demasiado altas y vencimientos muy cortos—, y no adoptaron regulaciones de sus cuentas de capital para disuadir los flujos especulativos desestabilizadores, que priorizaron el corto plazo y ahora no hacen todo lo que podrían para resolver sus crisis de deuda, generalmente evitando las “luchas” internacionales que pueden ser necesarias para proteger a sus ciudadanos de demandas excesivas de los acreedores; los acreedores que proporcionaron financiamiento excesivo, en apariencia, expertos en riesgos, que sabían que estaban prestando en condiciones que implicaban un riesgo significativo de incumplimiento., y cuando esos riesgos se materializan, se rehúsan a ofrecer el alivio necesario para restaurar la sostenibilidad de esas deudas. Y también las instituciones financieras internacionales (IFIs) cuyas políticas de préstamos fomentan estos comportamientos de ambos lados, políticas que eluden una y otra vez tanto la resolución de las deudas como la reforma estructural de la arquitectura financiera internacional que reproduce estas crisis, mientras generaciones enteras pierden la esperanza de desarrollo.

Hay una causa aún más profunda: la comunidad internacional ha fallado al no abordar las deficiencias del sistema financiero global y permitir a las IFIs a tomar medidas más fuertes para prevenir y resolver estas crisis recurrentes de deuda y desarrollo.

Las consecuencias son particularmente graves en África, donde la carga de la deuda es más severa. Es la única región donde la deuda pública ha crecido más rápido que el PIB desde 2013. Aproximadamente el 57 % de la población del continente —751 millones de personas, incluyendo casi 288 millones en pobreza extrema— vive en países que gastan más en servicios de deuda externa que en salud o educación. A la luz de las herencias del colonialismo, la esclavitud y el racismo, esta concentración de pobreza e inequidad en África pone en tela de juicio la sinceridad del compromiso global con los derechos humanos y el antirracismo. Con un crecimiento demográfico acelerado, el continente tendrá un rol determinante en las próximas décadas: según la ONU, su proporción en la población mundial joven (15 a 24 años) crecerá del 23 % en 2023 al 35 % en 2050.

A esto se suma el cambio climático —una crisis generada en gran parte por emisiones históricas de las economías avanzadas—, que impone una carga adicional y aplastante sobre los países en desarrollo. Las consecuencias del cambio climático son devastadoras, especialmente para pequeños Estados insulares y naciones de bajos ingresos, que han contribuido poco al cambio climático pero que sufren sus peores efectos. Aumento del nivel del mar, fenómenos climáticos extremos y degradación ecológica amenazan no sólo a sus economías, sino también a su existencia misma. Esta injusticia se agrava por la gran disparidad en el consumo: son los individuos y las naciones más ricas quienes más han contribuido al problema del cambio climático, mientras que los más pobres, que son los que menos consumen, afrontan los efectos más graves. Es una profunda injusticia que los menos responsables estén pagando el precio más alto.

Frente a esta realidad urgente de crisis de deuda, desarrollo y clima, un grupo de expertos líderes en los temas de deuda, desarrollo y sistema financiero global se ha unido a pedido del Papa Francisco para conformar la Comisión del Jubileo para el año 2025. Un cuarto de siglo atrás, con motivo del anterior Jubileo, el Papa Juan Pablo II abogó por el alivio de deuda para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC). Aquella iniciativa y su sucesora, la Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral, permitieron avances significativos en los años siguientes, con reducciones de las deudas a gran escala. Sin embargo ahora, 25 años después, el mundo enfrenta una nueva crisis de deuda que requiere reformas más profundas y duraderas. Esta vez, el Papa Francisco no solo ha llamado nuevamente a aliviar las deudas, sino a reformar el sistema financiero global.

El objetivo de la Comisión es dual: primero, ofrecer recomendaciones prácticas y con principios claros para enfrentar las crisis actuales; y segundo, promover una visión de una arquitectura financiera internacional transformadora, capaz de prevenir futuras crisis e impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo. La Comisión afirma que el desarrollo implica inherentemente asumir riesgos —ya sea por inversiones de largo plazo, por la exposición a precios volátiles de los commodities o por shocks externos—, y un sistema justo debe distribuir esos riesgos globalmente de forma eficiente y equitativa. La carga debe ser afrontada por aquellos más capaces de absorberla, y esa no es la realidad actual.

Este informe es el primer paso de una iniciativa más amplia, convocada por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (PASS) y la Iniciativa para el Diálogo de Políticas (IPD) de la Universidad de Columbia. Su objetivo es contribuir a un replanteo integral de las reglas globales que rigen las finanzas, la tributación, el comercio y el acceso al conocimiento. En el centro hay un propósito urgente y claro: construir una economía global que esté al servicio de las personas, especialmente de las más vulnerables, sin dejar a nadie atrás.

“El desarrollo de una comunidad global de fraternidad, basada en la práctica de la amistad por parte de los pueblos y las naciones requiere una política mejor, puesta verdaderamente al servicio del bien común.”

— Papa Francisco, Fratelli Tutti, §154

PAPER COMPLETO ACÁ en sus versiones en Inglés, Español, Francés y Portugués.