EDITORIAL SV

Por otra parte, salir del cepo implicaría una salida de las utilidades retenidas de las empresas multinacionales, lo que generaría presiones devaluatorias y pondría al BCRA en la disyuntiva de validarla o vender reservas.

Un salto cambiario tendría impacto en la inflación, cuya reducción es el principal activo del gobierno de cara a las elecciones legislativas. En este contexto, suponemos que aún no hay acuerdo sobre el régimen cambiario. Asumimos una preferencia del Gobierno por mantener el cepo, pero también una percepción de que sí o sí necesita las divisas del FMI para evitar una devaluación antes de octubre de 2025 (una postura que en Suramericana Visión no compartimos desde el mero análisis de las proyecciones de la balanza cambiaria), lo que le quita al Gobierno poder de negociación.

En cuanto al monto del programa, también suponemos que aún no hay acuerdo en este punto. Las declaraciones del ministro de Economía y del secretario de Finanzas según las cuales el monto lo define el directorio son falsas. El monto se acuerda en la negociación del Gobierno con el Staff, y luego el Directorio aprueba o no el “Staff level agreement”.

Suponemos que, en estos momentos, el FMI estaría dispuesto a aumentar el nivel de deuda del país en algo más que 5.000 millones de USD e incluir en el programa suficiente financiamiento para hacer frente a los vencimientos de capital hasta marzo de 2029 (lo que en suma significaría un programa de financiamiento de alrededor de 20.000 millones de USD), y creemos que el deseo del Gobierno es tomar más deuda nueva que ese monto.

También asumimos que el Gobierno busca un desembolso inicial (es decir, al momento de la aprobación del Directorio del FMI) mayor que lo que las “costumbres del FMI” indican para un programa de Facilidades Extendidas.

Pronosticamos que, si el Programa con el FMI no es exitoso, el dar lugar a un aumento de la deuda con el FMI vía un DNU, eludiendo al Senado, en lugar de respetar la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que establece que todo programa de financiamiento con el FMI requiere de la aprobación del Congreso vía una ley especial, traerá mayor inestabilidad política y económica en el futuro, ya que abrirá discusiones sobre la ilegitimidad de este nuevo endeudamiento con el organismo multilateral.