Discurso de Martín Guzmán. Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Vaticano. Sesión sobre Economía Fraterna y Financiamiento para el Desarrollo de la ONU

1 y 2 de abril de 2025

Gracias por la oportunidad de hablar en esta Sesión sobre Economía Fraterna, en el marco del Financiamiento para el Desarrollo de la ONU. Me invitaron a hablar sobre el caso de Argentina y el FMI, a la luz de los riesgos que las negociaciones en curso para un nuevo préstamo del Fondo representan para el futuro del multilateralismo.

Permítanme comenzar brindando algo de contexto.

Primero, Argentina es el mayor deudor del FMI: aproximadamente el 30% del crédito total vigente del Fondo está comprometido con Argentina. Actualmente, el país debe 31.100 millones de DEG, sobre un total de 102.800 millones de DEG en créditos activos del FMI. Esta exposición comenzó en 2018, cuando el Fondo otorgó el préstamo más grande de su historia a un solo país: se desembolsaron casi 45.000 millones de dólares de un total aprobado de 57.000 millones. Los desembolsos se interrumpieron cuando el gobierno entonces en funciones perdió las elecciones primarias de 2019. Ese préstamo financió una fuga de capitales de alrededor de 24.000 millones de dólares por parte de especuladores del “carry trade”, y también se usó para amortizar unos 21.000 millones en bonos soberanos insostenibles, que luego debieron reestructurarse en 2020.

El propio FMI reconoció esta situación en diciembre de 2021, a través de la Evaluación Posterior del Programa correspondiente al acuerdo Stand-By de 2018. En ese informe, se concluyó que el programa fue un fracaso y se afirmó que deberían haberse implementado regulaciones a la cuenta de capital —lo que el FMI ahora denomina “gestión de flujos de capital”— para evitar financiar una fuga de capitales con recursos del Fondo. También se señaló que debía haberse realizado una reestructuración de deuda, para no utilizar fondos del FMI para pagar deuda privada insostenible. Ese préstamo fue ampliamente percibido como un préstamo político. Ése es el primer dato clave del contexto.

Segundo, ¿qué está ocurriendo hoy en Argentina? En 2024 se produjo una fuerte reactivación del “carry trade”. El gobierno utilizó el tipo de cambio como ancla nominal para contener la inflación, lo que resultó en una marcada apreciación real del peso. Los inversores, esperando que el tipo de cambio oficial se mantuviera estable y que el gobierno interviniera en el mercado paralelo (CCL/MEP) —que sigue siendo relevante debido a los controles de capital vigentes— apostaron fuertemente al “carry trade”. El rendimiento de las inversiones financieras en moneda local superó ampliamente la depreciación del tipo de cambio.

Para ilustrar la magnitud: en los últimos 15 meses, el retorno del “carry trade” en dólares fue del 43%. Es decir, un 43% en dólares en solo 15 meses. Sin embargo, ese ingreso de capitales no se tradujo en inversión sustentable en la economía real, y mucho menos en los sectores transables. El dinero fue a la especulación financiera de corto plazo, no a generar capacidad productiva. Ahora estamos viendo una reversión de esos flujos.

¿Cómo responde el gobierno argentino ante esta situación? Busca un nuevo préstamo del FMI, con la intención de usar los fondos para intervenir en los mercados cambiarios —a costa de aumentar el endeudamiento del país. El control del tipo de cambio es particularmente importante este año, ya que hay elecciones legislativas en Argentina, y el valor del dólar suele ser un factor clave en las perspectivas electorales del oficialismo.

Esto nos lleva a las implicancias multilaterales. A diferencia de 2018, hoy existe una ley en Argentina que exige la aprobación del Congreso para cualquier programa de financiamiento con el FMI. Se trata de la “Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública”, sancionada en 2021 con amplio consenso en ambas cámaras del Congreso. Su objetivo es evitar que futuros gobiernos tomen préstamos masivos en moneda extranjera y bajo legislación extranjera sin supervisión parlamentaria, y así prevenir consecuencias negativas de largo plazo para las futuras generaciones.

Sin embargo, el actual gobierno evitó cumplir con esta ley. Emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que es el equivalente argentino a una orden ejecutiva, y así evitó pasar por el Senado. Lo notable es que este decreto fue emitido incluso antes de alcanzar un acuerdo con el staff del FMI.

Todavía no hay un acuerdo formal con el Fondo, aunque sus autoridades se muestran optimistas. Pero esta decisión unilateral del gobierno argentino generó rechazo dentro del sistema político. Tres senadores enviaron una carta a la Directora Gerente del FMI y a los 24 miembros del Directorio Ejecutivo del Fondo, advirtiendo que desembolsar un préstamo en estas condiciones irregulares violaría los Criterios de Acceso Excepcional del FMI —específicamente el criterio n.º 4, que exige un amplio respaldo político e institucional para implementar el programa.

Los senadores advirtieron que una violación de ese criterio haría que el préstamo sea considerado ilegítimo. Muchos compartimos esa preocupación, especialmente porque el propio ministro de Economía reconoció públicamente que el verdadero motivo del DNU fue la falta de mayoría en el Senado, y no una emergencia real. En otras palabras, el gobierno no logró reunir el apoyo político necesario para autorizar un nuevo préstamo que se utilizaría para financiar una nueva fuga de capitales y agravar la carga de deuda con el Fondo para las generaciones futuras.

El gobierno ha declarado explícitamente que no busca el préstamo para financiar el presupuesto, sino para aumentar las reservas del Banco Central y utilizarlas con “libre disponibilidad”, es decir, según lo que decida la autoridad monetaria.

Además, el DNU establece que parte del nuevo préstamo se destinará a refinanciar la deuda vigente con el FMI que vence entre septiembre de 2026 y marzo de 2029, por un total aproximado de 14.000 millones de dólares. Según el gobierno argentino y la conducción del Fondo, el nuevo programa prevé un financiamiento total de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno está solicitando un desembolso inicial de gran magnitud: el 75% del total —es decir, 15.000 millones de dólares— el primer día.

Pero, ¿por qué el gobierno necesitaría 15.000 millones de dólares de inmediato si los pagos al FMI recién se reanudan en septiembre de 2026 y el aumento neto de la deuda sería de unos 6.000 millones? La conclusión lógica es que el gobierno busca liquidez inmediata para intervenir en el mercado cambiario. Si el FMI aprueba esto, reforzaría aún más la percepción de que se trata de un préstamo con fines políticos.

Para concluir: todos sabemos que el FMI es un acreedor privilegiado. Cuando un país tiene una deuda significativa con el Fondo, eso desalienta a otros prestamistas a ofrecer financiamiento, ya que quedarían en segundo lugar en la línea de cobro. Por lo tanto, este nuevo préstamo no solo volvería a perjudicar a los argentinos, sino que también dificultaría aún más el acceso del país al mercado internacional para refinanciar su deuda en moneda extranjera con acreedores privados.

Pero más en general, las implicancias globales de un nuevo préstamo político del FMI a la Argentina son profundas. El Fondo podría verse aún más involucrado en la política interna para garantizar el repago. De hecho, ya hay sectores de la política argentina que advierten al FMI que cualquier nuevo desembolso será considerado ilegítimo —lo que implicaría que el Fondo termine, de manera implícita o no, apoyando políticamente al gobierno actual en las próximas elecciones presidenciales. Esto dañaría seriamente la credibilidad global del FMI.

Y ese no sería el único daño. Un préstamo políticamente motivado agregaría riesgo a la cartera del Fondo, reduciendo su capacidad de responder a crisis en otros países. Comprometería su misión principal: asistir a los países que enfrentan crisis de balanza de pagos.

Por eso el mundo debería prestar mucha atención a lo que está ocurriendo. Y les agradezco nuevamente la oportunidad de poner este tema sobre la mesa.